Educación, una cuestión de Estado

Rafael Martínez, presidente de Fampace, ha participado este mes de febrero en la Comisión de Educación de la Asamblea Regional para tratar sobre la LOMLOE, la última ley de Educación puesta en marcha en España y que entra en vigor de forma paulatina en las aulas a partir del próximo curso.

Queremos compartir la intervención del presidente de Fampace, en representación de todas las familias que pertenecen a las AMPAS de las Cooperativas de Enseñanza, para dejar constancia de la opinión de la Federación sobre la LOMLOE.

Rafael Martínez, presidente de Fampace. Comparecencia en la Asamblea Regional – 23/02/2021:

«Buenos días. Mi nombre es Rafael Martínez y soy el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Fampace).

Esta mañana estamos en la Asamblea Regional para dar nuestro punto de vista sobre la reforma de la Ley Educativa, la LOMLOE, que viene a sustituir a la existente.

En primer lugar, quisiera manifestar en nombre de las familias a las que represento, que la Educación, al igual que la Sanidad, es y será siempre un asunto de Estado de primer orden, que requiere de un consenso lo más amplio posible, que garantice estabilidad, equilibrio y perdurabilidad en el tiempo.

Por ello, consideramos que las modificaciones susceptibles de ser introducidas en la ley de educación deberían centrarse en la actualización de contenidos o procedimientos, pero no deberían suponer una alternancia de leyes, ya que esto supone, en nuestra opinión, un desequilibrio para toda la comunidad educativa.

Así, la puesta en marcha de una nueva ley de Educación supone a nuestro parecer un problema para todas las familias, los docentes y los centros educativos, con independencia del modelo educativo al que pertenezcan. Es una situación que nos afecta y nos afectará a todos.

En segundo lugar, quisiera recordar que Fampace representa a prácticamente la totalidad de las familias asociadas a las AMPAS de las cooperativas de enseñanza, que representan aproximadamente la mitad de los centros concertados existentes en la Región de Murcia.

Así, las familias a las que represento hoy aquí han optado por un modelo educativo que aboga por el trabajo en equipo y el compromiso social, sensible además con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Un modelo de enseñanza cooperativo donde se garantiza la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales, contando para ello en nuestros centros con un total de 19 aulas abiertas y 130 unidades de apoyo educativo que posibilita la prestación de los servicios orientados a crear un entorno de normalidad para este alumnado.

Además, este modelo que hemos elegido conlleva un plus en la educación que elegimos para nuestros hijas e hijos. Una serie de valores intrínsecos al modelo cooperativo como la solidaridad, responsabilidad, equidad o transparencia, quizá sean transferidos a nuestro alumnado junto con los conocimientos curriculares propios de cada etapa, y eso es algo a lo que no estamos dispuestos a renunciar.

Así, las cooperativas de enseñanza cuentan con unos 40.000 alumnos escolarizados en sus más de 1.500 unidades, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos que, junto a sus más de 25.000 familias, conformamos una comunidad cuyo nexo de unión es la elección de este modelo educativo.

Como familias, consideramos el modelo de las cooperativas de enseñanza un modelo público, que garantiza la libre elección recogida y garantizada en el artículo 27 de la Constitución Española.

Así, defendemos la libertad para acceder al centro educativo que consideremos más adecuado para nuestros hijos, amparado por el derecho a la Educación como derecho básico.

Creemos que la LOMLOE afecta de manera significativa a este derecho, y nos preocupa la ambigüedad con la que se refiere la nueva ley educativa a todo el apartado referido a la educación concertada.

Para concretar me gustaría mencionar el texto en el que se indica que las administraciones promoverán el incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública, puesto que vuelve a primar el acceso a las plazas escolares por cuestiones geográficas y no de preferencia de las familias, además de priorizar el acceso en centros de titularidad pública, dejando a los centros concertados en segundo lugar y sin poder elegirse como primera opción.

En nuestra opinión esto solo puede significar la pérdida de puestos en los centros concertados. Si además tenemos en cuenta la disminución de la natalidad y esta indicación redactada en la ley, parece claro el perjuicio en pérdida de unidades en la concertada, sin tener en cuenta otros criterios que deberían tener un mayor peso como por ejemplo la demanda social. Y al hilo de esta demanda social tampoco parece claro la definición de este término en la redacción de la nueva ley.

Podríamos estar de acuerdo en la supresión de este término para la apertura de nuevos centros, aunque habría que analizar cada caso. Somos coherentes con lo que comentamos anteriormente y sabemos que la disminución de la natalidad, sin ninguna duda tiene que traer este tipo de consecuencias. Pero no podemos pasar por alto que también se refiere la demanda social a la ampliación que supone el crecimiento vegetativo en los centros que ya están concertados.

Según parece indicar la nueva ley, también se verían afectados por la supresión de la demanda social. Por lo tanto, nos provoca incertidumbre nuevamente por su falta de concreción. Podría darse el caso de tener que cambiar a nuestros hijos en mitad de un ciclo o en el cambio de ciclo, por la imposibilidad de concertar o ampliar una línea en el centro que habíamos elegido previamente.

Otro aspecto que nos preocupa profundamente es el que detalla la incorporación del primer ciclo de educación infantil de cero a tres años y más concretamente nos preocupa la imposibilidad de concertar este ciclo.

Uno de los argumentos más empleados por nuestras familias a la hora de elegir una cooperativa de enseñanza para escolarizar a sus hijos es precisamente que en muchos de estos centros tenemos la posibilidad de proporcionar a nuestros hijos una estabilidad a lo largo de toda su vida escolar y la posibilidad de no tener que realizar ningún cambio de centro en ninguna de sus etapas, preservando el espíritu del proyecto educativo que nos llevó a decidirnos por este centro.

Este argumento se verá diluido, sin duda, si no tenemos la posibilidad de escolarizar a nuestros hijos menores en la etapa de cero a tres años de forma gratuita en el centro de nuestra elección. De esta manera creemos que se pone en duda si realmente tenemos la posibilidad de elegir libremente un centro educativo para nuestros hijos.

Además, incidiendo en la mayor presencia de alumnos con necesidades especiales en las aulas, creemos totalmente necesario que lleve aparejado un aumento de profesorado de apoyo para garantizar que todos los alumnos puedan seguir el desarrollo de las clases de forma adecuada.

Por todo ello, las familias que formamos parte de Fampace apostamos por una educación pública en la que convivan modelos diferenciados únicamente por la titularidad del centro, siempre que se impartan de manera adecuada los contenidos previstos en los currículos educativos.

Ambos modelos han coexistido hasta ahora sin problema siendo complementarios, dando respuesta a las demandas de cualquier familia. Estamos de acuerdo en que ambos modelos deben ir adaptándose a los cambios, pero, del mismo modo, deben seguir coexistiendo sin que el mantenimiento de uno de ellos condicione la existencia o desaparición del otro.

Hablando de reformas sustanciales, la nueva ley propone la posibilidad de promocionar o titular teniendo asignaturas suspensas, pasando a ser la repetición de curso un caso excepcional. En esta ocasión volvemos a echar en falta un mayor consenso sobre la propuesta, ya que los expertos tampoco coinciden acerca de la conveniencia de esta reforma, pero tenemos la sospecha que la medida lejos de contribuir a una mayor calidad educativa, más bien devaluará nuestro sistema, por más que se pretenda no dejar a nadie atrás. Creemos que potenciar los programas de apoyo, invirtiendo recursos, procurando que se consiga la adquisición de conocimientos, conseguiría un mejor resultado ya no solo inmediato, sino a la larga en nuestro sistema educativo
Parece que la media haya sido encaminada a apuntar un tanto en lugar de apuntar a una victoria.

Creemos asimismo que no es el momento de cuestionar el modelo educativo basado precisamente en la pluralidad, sino más bien de apostar por reformas cualitativas en el sistema educativo, promoviendo una mayor inclusividad, apoyando iniciativas orientadas a disminuir el fracaso y el abandono escolar, dar el salto de calidad que nuestro sistema necesita y emplear todos los esfuerzos posibles en la búsqueda de un pacto por la educación que proporcione la estabilidad que la educación en España necesita, manteniendo el modelo educativo a salvo de los posibles cambios en las políticas nacionales.

Muchas gracias».